La Seguridad Ciudadana es un concepto amplio y complejo que abarca muchos aspectos. No se trata sólo de la Seguridad Pública- por cierto muy importante-, estamos hablando de la Seguridad Ciudadana como seguridad de los habitantes, pues según la Constitución, el Estado debe velar por la vida, honra y bienes de todos los habitantes.
La Seguridad Jurídica en Panamá está pasando una de sus peores crisis, y es un tema frente al cual no debemos callar. Notamos por preocupación la ruptura de la independencia de los Poderes del Estado, reflejada en las múltiples intervenciones del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y otras instituciones del Estado.
Lo sucedido en Bocas del Toro es otro reflejo de la débil Seguridad Jurídica del Estado. Necesitamos una investigación objetiva, trasparente y expedita que investigue los hechos y sancione a quienes debe sancionar y, tras de lo cual, se preocupe de indemnizar a las víctimas de esta brutal represión.
Otro aspecto sensible es la sumisión del Poder Legislativo, al dictar leyes inconsultas. Esto significa que nuestro Gobierno no toma en cuenta a la sociedad civil y por lo tanto rompe con la gobernabilidad democrática.
Lo ocurrido a la Procuradora Ana Matilde Gómez es otro grave indicio de abuso de poder y de intervención. Aquí, la justicia fue sospechosamente expedita y represiva.
El último caso que atrae nuestra atención es el ofrecimiento de 5.000 balboas a quien entregue antecedentes sobre la desaparición de un ciudadano panameño. ¿Es que esos oferentes no confían, ni ellos mismos, en la justicia?
Frente a la debilidad de nuestra seguridad jurídica, la comunidad nacional e internacional ya se ha pronunciado y nos puede acarrear mayores problemas. Todavía es tiempo de rectificar.
