El gobierno de Mireya Moscoso aceptó ayer la responsabilidad del Estado en la desaparición de 110 opositores durante el régimen del general Omar Torrijos (1968-89), a menos de una semana que su hijo Martín Torrijos asuma la Presidencia de Panamá.
La presidenta Mireya Moscoso, cuyo mandato concluirá el próximo 1 de septiembre, reveló a la prensa que la decisión sería comunicada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington.
Moscoso informó que firmó un documento dirigido a la CIDH "en el que el Estado panameño acepta la culpabilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos en 21 años de dictadura". El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, dijo que esto abre el camino para negociar una reparación a 400 familiares de las víctimas.
