|
El administrador regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Panamá Oeste, Carmelo Martino, confirmó que la madera retenida por los guardabosques de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) ascienden a 46 piezas de aproximadamente 1395.50 pies tablares de caoba procesadas; 7 piezas de 84.8 pies de madera estroza de laurel y 3 piezas de cedro amargo con 18.6 pies tablares listas para la venta.
Explicó que los trámites para el decomiso legal lo ejecuta la ANAM, mediante un avalúo de la madera realizado por funcionarios de Auditoría de la Contraloría, luego de lo que se establece el precio de acuerdo con el mercado y finalmente se lleva a cabo la venta del producto por medio de licitación pública, divulgada en diferentes diarios del país, en venta para los interesados y el ingreso percibido pasa a los bienes del Estado.
El funcionario reveló que no se logró ubicar a los infractores dedicados a la extracción y tala ilegal de árboles maderables, ya que los trabajos aparentemente lo realizaban en horas de la noche utilizando motosierras y otros equipos sofisticados para procesar la madera y parte del rubro decomisado ya estaba listo para venderse.
Señaló que el área exacta de ubicación, donde los infractores implicados en el ilícito realizaban la tala de árboles maderables, se encuentra dentro de zonas de conservación y protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal, localizadas en Loma Cová, a unos metros del Control 2, sólo a 300 metros de la vía Interamericana, situación de gran preocupación para la entidad.
Manifestó que inicialmente, el pie de caoba se valora a B/1.50, madera sumamente fina, pero el precio depende si el mercado está saturado; el resto de la madera también tiene un precio razonable por su calidad, aunque todavía la institución está en proceso de cuantificación para proceder con los demás pasos.
Aclaró que en este caso específico no se sorprendió a las personas dedicadas al negociado ilícito, sin embargo, es un trabajo bastante costoso de una inversión considerable por parte de los infractores y a su juicio, se trata de un contrato pactado para conseguir específicamente ese tipo de madera de buena calidad, donde se involucra a comerciantes que contratan este tipo de servicio.
Sostuvo que las sanciones van de acuerdo con el daño ocasionado, pero compete a las autoridades policivas, en este caso al corregidor, dar seguimiento para aplicar las medidas judiciales donde los implicados puede pagar las condenas en un momento determinado por el delito cometido. |
