Cinco denuncias penales fueron interpuestas por la ministra de Educación, Lucy Molinar, por el delito contra la administración pública al detectarse en el pasado gobierno contrataciones directas, la entrega de órdenes de proceder y cartas de cumplimiento, como pagos sin el refrendo de la Contraloría General de la República para proyectos de infraestructuras.
Existen varias empresas que fueron beneficiadas sin mantener los refrendos de la Contraloría, aunque aún no se conocen las estimaciones de las lesiones patrimoniales al Estado.
Una fuente consultada confirmó que en la documentación se especificaba que los proyectos de infraestructura iban dirigidos a escuelas del país con urgencia notoria, sin embargo, era falso, ya que los arreglos eran para estructuras del propio Ministerio de Educación.
El asesor legal del Ministerio de Educación, José Herrera, informó que se dieron irregularidades administrativas, aunque no se especificó. Se investiga al Departamento de Infraestructura y Compras de la entidad.
Entre los actos irregulares en los contratos, están órdenes de proceder, que comprometen a la entidad y que no fueron refrendados, se dieron anticipadamente sin el aval de la Contraloría, antes de iniciarse la obra, violando la Ley de Contratación Pública y sus procedimientos, explicó la asesora Kenia Rodríguez.
