Aunque un aumento en las penas a los menores involucrados en asesinatos, no resolvería el problema de la delincuencia juvenil, es necesario hacer ajustes a la legislación en torno a los procesos contra los menores infractores.
Lo sucedido con un niño de tres años que murió a consecuencia de un tiro en la cabeza que provino de una balacera entre pandillas integradas por menores de edad, ha sacudido a la opinión pública. Los sospechosos son capturados por la Policía Nacional y al cabo de dos días son liberados.
Es inconcebible que un adolescente que cometa un crimen pueda quedar en libertad por autorización de una Fiscalía o un Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Los estudios de la UNICEF sobre la situación de la conducta delictiva de los adolescentes, revela que los menores cometen el 14 por ciento del total de los delitos que se registran en el país. En cuanto a los homicidios, los imputados adolescentes representan el 16.3 por ciento.
Aumentar las penas, sólo sería disfrazar el problema. Lo correcto es que se haga justicia y que no se permita que por tecnicismo, se facilite que un homicida quede sin castigo.
El permitir que un jovencito sobre el cual hay sobradas sospechas de participar en crimen, salga en libertad como si nada, es facilitar la impunidad y creando futuros monstruo que crecen con la creencia de tener el derecho de arrancarle la vida a cualquiera.