El gobierno enfrenta un dilema con una serie de movimientos reivindicativos de servidores públicos, que deben resolverse prontamente, para evitar que se afecte el normal desarrollo del referéndum sobre la ampliación del canal de Panamá.
Las acciones de protestas que desarrollan los funcionarios de la Caja de Seguro Social y los profesores, pueden levantar los ánimos de la población y se corre el riesgo que factores ajenos al proyecto del Tercer Juego de Esclusas, influyan sobre la masa votante.
Lo ideal sería que esos eventos no se relacionen con la decisión de voto del ciudadano. En todo caso, el panameño debería ejercer su decisión de apoyar o no la ampliación, tomando en cuenta los elementos propios de la propuesta; si es o no favorable para el desarrollo de la nación y de su población.
Sin embargo, la realidad es otra. El ser humano reacciona conforme lo afecten las cosas que suceden a su alrededor.
Así las cosas, se hace necesario resolver los focos de conflicto que están surgiendo, porque existe el potencial peligro que afecten el tema canalero.
El referéndum del 22 de octubre está a la vuelta de la esquina y sería lamentable que el principal proyecto que registra la historia panameña no prospere por factores ajenos a esa iniciativa.
Si los panameños deciden rechazar la ampliación, porque consideran que no es conveniente para Panamá, eso es entendible, pero su decisión no debe ser adoptada en base a un voto castigo para éste u otro gobierno.