El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por la muerte en 1997 de 19 campesinos cerca a la población de Ituango, en el departamento de Antioquia a manos de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según informa el diario El Tiempo, el tribunal consideró que el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los campesinos, por no haber tomado medidas para protegerlos.
Las 19 personas murieron en dos ataques perpetrados en 1997 por paramilitares en las cercanías de Ituango, en el noroccidente del país.
El primero de los ataques ocurrió el 11 de junio de 1997 en el sitio conocido como La Granja, donde fueron ultimados cuatro campesinos. La segunda masacre tuvo lugar el 25 de octubre de ese año en El Aro, muriendo 15 campesinos.