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Juan Jované y Cecilia Pérez de Warren, Directores de la Caja del Seguro Social y Escuela Ernesto T. Lefevre, fueron denunciados por Carlos Barés, Director de la Policía Nacional, ante la Defensoría del Pueblo, por supuestamente faltar y omitir a sus responsabilidades como funcionarios públicos al frente de sus instituciones públicas.
Parte de la queja de Barés contra Jované, Artemio De León y Genaro Moreno señala que estos omitieron su responsabilidad "como altos funcionarios públicos, al permitir que funcionarios de la Caja y grupos estudiantiles universitarios escenificaran protestas y manifestaciones tumultuarias, utilizando, precisamente, las instalaciones hospitalarias".
Los protestantes usaron esas edificaciones "como fortaleza y poniendo en riesgo, no sólo a terceras personas que transitaban por la vía, sino también a aquellos usuarios y pacientes que día a día asisten a recibir atención médica a los diferentes hospitales y policlínicas", precisó el funcionario policial.
En su queja presentada ante la Defensoría del Pueblo, Barés presentó un recuento pormenorizado de todas las actividades desarrolladas por funcionarios administrativos de la Caja del Seguro Social, quienes según el quejoso "lejos de ejercer un derecho infringieron flagrantemente preceptos constitucionales consagrados en el artículo 38 de nuestra Carta Magna".
De acuerdo al Jefe policial, llama "la atención el total desinterés por parte de estos tres directivos de la Caja del Seguro Social, al no presentarse al lugar de los hechos sino hasta después que la Policía Nacional despejó la vía".
Por otro lado, en la queja presentada contra la Directora de la Escuela Ernesto T. Lefevre, Cecilia Pérez de Warren, Barés resaltó "su omisión al permitir que los padres de familia y docentes de dicho plantel utilizaran a estudiantes con el propósito de escenificar una manifestación y cierre de la vía José Agustín Arango, el pasado 8 de julio".
A criterio del Jefe Policial, esta omisión "constituye una violación de las normas de protección a los menores de 13 años de edad, al exponer a los estudiantes a riesgo social e inducirlos a realizar actos impropios, al ser considerados estos niños como inimputables". |
