Menores tendrán que responder
penalmente si aprueban ley
Panamá
ACAN-EFE
Los panameños se preparan
para afrontar el que es uno de los mayores retos sociales de fines de siglo,
discutir una ley de responsabilidad penal para adolescentes que ponga fin
a los actuales abusos que se perpetran contra este sector de la población
bajo el esquema legal del tutelaje.
El impulso dado por la ratificación de la Convención sobre
los Derechos del Niño, en 1990, no ha tenido un impacto sostenido''
en el ámbito de las políticas, ni ha producido la prometida
adecuación de la legislación, destacó en un foro con
periodistas Jorge Giannareas, consultor para la elaboración del proyecto
de ley que busca remediar el vacío existente.
El foro, convocado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y el ministerio panameño de la Juventud, la Mujer, la Ninez y la
Familia, concluyó tras 24 horas de debate, en el que se reconocieron
las diferentes causas de la violencia juvenil y la poca o ninguna respuesta
positiva que ha dado la sociedad.
La legisladora oficialista Balbina Herrera, del populoso distrito capitalino
de San Miguelito, dijo que en su circuito electoral atiende una comunidad
en la que se dan casos de niñas de nueve años que son madres
de familia y trafican drogas para sostener a sus vástagos.
La comisión formada en 1997 para elaborar una ley integral para
la niñez y la adolescencia, ante la preocupación nacional
desatada por la participación de adolescentes en el homicidio de
varios taxistas y la existencia de un proyecto de someterlos a la justicia
ordinaria optó por elaborar una nueva propuesta.
Lo que se pretende es crear toda una estructura jurídica que tenga
la responsabilidad de ventilar los casos de faltas o delitos cometidos por
personas entre 14 y 18 años, quienes deben responder ante estas instancias
especializadas y multidisciplinarias.
De encontrarse culpable de homicidio, violación, tráfico
de drogas, robo y secuestro, el adolescente comprendido estre los 14 y 18
años será sometido a un proceso penal especial en el que un
juez podrá condenarlo a una pena máxima de 5 años de
reclusión en centros especiales de resocialización.
Giannareas preciso que la reclusión de un menor será la
última medida a la que podrán acudir las nuevas autoridades
judiciales, y sólo para los cinco delitos tipificados en la norma,
para el resto de faltas existirán otras sanciones, como trabajo comunitario
o reclusión domiciliaria con supervisión comunal.
Para la magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Panamá, Graciela Dixon, este proyecto es la respuesta que la sociedad
comienza a dar al incremento de la delincuencia juvenil, que en los últimos
años ha sido responsable del 3 por ciento de todos los delitos ocurridos
en el país.
Apuntó que también representa el inicio del proceso de
transformacion de toda la justicia penal panameña, que a su juicio
presenta serias fallas internas y obstáculos externos, como el agotamiento
por los innumerables recursos de habeas corpus que los abogados interponen
para alargar los procesos.
La nueva ley considera ilegal el arresto o detención de adolescentes
en los recintos de adultos, y por lo tanto conceden el derecho a la libertad
inmediata.
Los que delinquen entre los 17 y 18 años serán juzgados
por los tribunales especiales y cumplirán la pena de acuerdo con
este nuevo proceso y cumplirán la pena, hasta los 21 años,
en los centros especiales de rehabilitación, luego de lo cual el
juez decidirá si lo traslada a un penal de adultos o le da libertad.
La intención es eliminar los actuales procedimientos, mediante
los cuales un adolescente en riesgo social es recluido, sin mediar proceso,
junto con los delincuentes juveniles, lo que convierten a estos recintos
en escuelas del crimen''.
La nueva ley entrará en vigor en la provincia de Panamá
un año después de promulgada, y en el resto del país
a los dos años, en ambos casos deben hacerlo simultáneamente
instituciones de resocialización, fiscalías y juzgados para
adolescentes, lo mismo que las organizaciones no gubernamentales que deben
supervisar el cumplimiento de las sanciones educativas impuestas.
Los periodistas también conocieron el contexto y el contenido
de leyes similares creadas en El Salvador y Costa Rica, explicadas por los
juristas Sneider Rivera y Carlos Tiffer, respectivamente, y la experiencia
con niños de la calle panameños de parte del educador Roderick
Castillo, de Casa Esperanza.
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