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El director Nacional de Reforma Agraria, Eric Jiménez, advirtió que para aclarar cualquier duda sobre supuestas irregularidades en la venta de 120 hectáreas de terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga para cancelar la deuda que mantenía con la entidad bancaria, se remitió el expediente a la Dirección de Auditoria Especial de la Contraloría General de la República.
Argumentó que esa dirección de la contraloría es responsable de revisar todos los actos irregulares cometidos por funcionarios y de comprobarse la comisión del delito, el caso es enviado a otras instancias de la esfera penal.
Adelantó la Fiscalía 1 y 2 Anticorrupción investiga todo lo relacionado a la venta de esas tierras, "pero lo cierto es que no se puede acusar públicamente a la reforma agraria de estar avalando actos irregulares como se ha informado" expresó.
Recordó que la venta de las 120 hectáreas de terrenos del asentamiento Unión campesina de Burunga se realizó en 1998 bajo la administración del Ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Sousa Lenox y el director nacional de Reforma Agraria de eso entonces, Placido Lombardo.
Explicó que en cuanto al procedimiento de la titulación de las tierras, se atrevería a asegurar que no existe irregularidad alguna, aunque existen dudas sobre el precio pagado, no obstante, a la actual administración ni siquiera le correspondió realizar el avalúo.
Señaló que la empresa privada, por el derecho a la titulación de las 120 hectáreas, pagó a la Reforma Agraria B/. 700 por hectárea y junto al Banco de Desarrollo Agropecuario cancelaron una deuda en capital más intereses por el orden de B/. 80 mil.
Informó que actualmente hay una comisión que busca una solución habitacional a los precaristas desalojados de Cerro Castillo y que a su despacho no ha llegado ningún informe de los representantes legales de los precaristas sobre la ruptura del diálogo como se quisiera señalar. |
