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TEMAS DE ACTUALIDAD
"El
caso de la bomba retardada"
Carlos Christian Sánchez C.
Relacionista
internacional
En los precisos
momentos en que malos panameños promueven la renegociación
de los Tratados Canaleros de 1977 y se plantea a los Estados
Unidos de América su obligación de limpiar los
sitios de defensa en el Istmo, sucede el imprevisto de la explosión
de un artefacto explosivo en la región colindante a Río
Hato, que anteriormente fue una zona militar norteamericana.
Un joven, quien realizaba sus labores en una empresa reforestadora,
encontró la desgracia cuando activó el detonador
de una vieja bomba dejada años atrás por el U.S.
ARMY.
Pocos días antes, Fernando Manfredo, quien fungió
como alto funcionario de las operaciones del Canal Interoceánico
y es experto de las relaciones Panamá-Estados Unidos,
sugirió la posibilidad de exigir en los foros internacionales
responsables que el Coloso del Norte cumpla con la remoción
de miles de artefactos explosivos dejados en los polígonos
de tiro de Nuevo Emperador, Cuadrante Piña, Balboa West,
Corozal y de más zonas adyacentes a la cuenca canalera.
Nuestro país, según Manfredo, puede sugerir la
suma de 500 millones de balboas para el costo total de los gastos
en la limpieza de las zonas minadas.
Y es un dolor de cabeza al pensar que decenas de miles de
panameños corren el peligro de quedar lisiados, de por
vida, ante la amenaza que representa las bombas y municiones
dejadas por los militares estadounidenses en las riberas del
Canal. ¿Y quién sabe si en las nuevas áreas
urbanas que se construyen en el Oeste de la Provincia de Panamá,
existan diseminadas aún cientos de minas y explosivos,
esperando que un desafortunado niño pise su carga de muerte?.
Es más, sólo basta observar la entrada de humildes
panameños en las antiguas Areas de Coordinación
Militar, como parte del incremento de la población rural
en los distritos de Arraiján y La Chorrera. Los terrenos
otorgados por los norteamericanos, según el programa de
las reversiones, generalmente fueron utilizados en el pasado,
como campos de tiro y de pruebas militares. Valdría la
pena realizar un análisis exhaustivo para determinar si
esos lugares fueron bien saneados, a punta de detectores de metales
y explosivos, porque las dudas se incrementan tras el incidente
de Río Hato.
Para finalizar, recordemos que Nicaragua le ganó un
caso de arbitraje al Gobierno de Washington, por el asunto del
minado furtivo de los puertos pioneros en la Guerra Civil de
1979-1990. La Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó,
al final de cuentas, que Estados Unidos transgredió la
soberanía nica, por lo que quedó demostrado que
hasta el Tío Sam paga las cuentas debidas...
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