El pasado miércoles, se anunció en los medios de comunicación que el Corredor Sur aumentaría indiscriminadamente las tarifas de peaje por la vía citadina, una de las más importantes de la capital panameña. Aunque es derecho de la empresa mexicana subir los precios por el uso de la vía, muchos son los panameños que consideramos "de abusiva", la actitud de la entidad, en momentos en que la economía istmeña sufre una severa crisis financiera.
¿Cómo es posible que las autoridades gubernamentales hayan permitido al Corredor Sur que aumente las tarifas de peaje, ante la crisis generalizada que vivimos todos? Por esa y otras razones es que consideramos seriamente en la opción de la "renacionalización" de las concesiones otorgadas por el Estado, a manos del capital privado. No es una amenaza, es una realidad.
El nefasto gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) vendió a empresas extranjeras el servicio de luz eléctrica y telefonía, algo que ha encarecido el modo de vida de casi todos los panameños.
Es verdad que el servicio mejoró en algunas áreas, que incluso hemos reconocido el aporte eficiente de las empresas de telefonía y electricidad privadas en brindar sus productos, pero de igual manera, los empresarios privados deberían comprender que subir las tarifas provocarán serios problemas sociales, y los únicos culpables (según la percepción popular) serían los operarios de los servicios públicos en manos privadas.
Pero también es culpa de los panameños, pues la sociedad istmeña vive dividida y no lucha ante los abusos de los empresarios extranjeros que manejan los servicios públicos. ¡Sabía usted que el pueblo peruano logró evitar la privatización de dos empresas de electricidad estatales en el país sudamericano? Fue tan grande la presión del pueblo inca, que el gobierno conservador de Alejandro Toledo desistió de la venta del servicio eléctrico, a manos del capital belga.
En el caso del Corredor Sur, utilizado por los moradores de Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Chepo y todo el lado Este de la provincia de Panamá, no ha existido siquiera una voz de protesta.
Alguno sugirió que los usuarios de dichoso corredor mexicano no utilizaran la ruta, pero vale más el interés inmediato y no llegar tarde al trabajo que realizar una huelga de usuarios.
Los panameños debemos pensar en la opción de que el gobierno de turno "piense en retomar el control de varias empresas privadas que prestan servicios públicos, como el caso de una vía utilizada por el transporte nacional".
El gobierno tiene el poder y la fuerza para obligar legalmente a una empresa privada para que desista en las alzas de tarifas.
La pregunta es: ¿A quién responde el gobierno arnulfista, al pueblo que lo puso en la Presidencia o a las empresas extranjeras que succionan el dinero de los panameños? Esa es la cuestión y esperamos una pronta acción del Estado para frenar los abusos que las transnacionales hacen en contra del pueblo. |