La eliminación del control previo incluido en las reformas constitucionales presentadas por el Partido Revolucionario Demócratico (PRD), que lleva dos días de debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, recibió el rotundo rechazó del contralor, Alvin Weeden y de los excontralores, Rubén Darío Carles, José Chen Barría y Gabriel Castro.
A pesar de ser funcionario o de haber fungido como tal en gestiones gubernamentales distintas, tanto el contralor de la República y sus colegas expresaron sus inquietudes ante la posibilidad de eliminar el control previo, aduciendo que este requisito es garante para evitar actos de corrupción y el incremento de la deuda.
El Contralor General, Alvin Weeden, afirmó que la eliminación constitucional del control previo constituye un "retroceso" en materia de fiscalización.
Sostuvo que por el bien de la patria se hace necesario mantener el control previo, debido a que la tendencia del constituyente y del legislador ha sido aumentar las funciones de la contraloría, para dotarla de las facultades y herramientas necesarias a fin de que puedan realizar un adecuado control del ingreso y del gasto público.
Para el excontralor, Rubén Darío Carles, el control previo es un excelente instrumento para evitar los excesos en el gasto público, incluso contribuye a no aumentar el déficit. Añadió que está nueva figura le resta competencia al Ministerio de Economía y Finanzas.
Por su parte, el legislador Jerry Wilson, proponente del proyecto de ley que busca reformar la Constitución, explicó que la iniciativa en torno al control previo de la Contraloría General de la República surgió de la inquietud de sectores de la sociedad, específicamente de la empresa privada.