Los institutores reiniciaron clases ayer, en medio de una situación de tensión ante la asistencia de un grupo de estudiantes expulsados, quienes abiertamente desafiaron a las autoridades del Ministerio de Educación.
Christian Díaz, Lisbeth Robinson y René Pancca, dirigentes del FER-29 y quienes forman parte de los 13 estudiantes expulsados, justificaron su asistencia a clases amparados en la presentación de un recurso de apelación y hasta tanto no se resuelva, adujeron tener derecho a educarse.
Díaz insistió que este proceso de investigación está amañado y falto de pruebas contundentes, pero además alegó que es una persecución política contra el movimiento estudiantil para callarlos.
Unos 28 estudiantes de un total de 99 sancionados por participar en los actos vandálicos, protagonizados en el manifestación del 2 de junio, presentaron recursos de apelación y reconsideración ante la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, quienes debe dilucidar al respecto, en un término de 10 días.
En tanto, Carlos Mora, rector del plantel, calificó la actitud asumida por los expulsados como un acto de rebeldía, a pesar que la ley prohíbe su acceso a las aulas escolares y la recomendación es que se mantengan en sus casas, adicional a que su presencia pudiera incitar a otros compañeros a alterar el orden interno.
Por otra parte, el Licdo. Renaul Escudero Vergara, representante legal de unos 10 miembros del FER-29, denunció que las autoridades educativas están presionando a los sancionados.
Afirmó que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad sobre las sanciones aplicadas a los estudiantes, la cual debe decidir la Corte Suprema, en tanto mis representados tienen todo el derecho a mantenerse en las aulas escolares.