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EDITORIAL
El crimen
de la mora judicial
Las denuncias
hechas contra el sistema carcelario y la ministra Sagel por parte
de la Licda. Henriqueta Davis y Cristina Torres, han añadido
un ingrediente de escándalo contra la titular de esa dependencia
oficial, afectada por severos cuestionamientos.
El amotinamiento de las reclusas del jueves en el Centro Femenino
de Rehabilitación pone de manifiesto que algo anda mal
en la cárcel de mujeres, a juzgar por las acusaciones
que se hace en relación a la alimentación de las
internas de ese penal. Se señala que no hay variación
en la dieta de las reclusas, además de que los alimentos
son conservados en instalaciones inadecuadas y que hace poco
se pudrieron 500 libras de carne.
El asunto del sistema carcelario ya ha hecho crisis y la mora
judicial es lo que más afecta a las mujeres privadas de
libertad por varios delitos cometidos contra la sociedad. Este
aspecto lo reconoció la titular del Ministerio de Gobierno
y Justicia, pero esta anomalía persiste; no está
en el ánimo de los señores legisladores ni del
Organo Judicial, ponerse serios para acelerar los trámites
de llamar a juicio a reos que todavía no se les define
su situación.
La prolongada mora judicial es un crimen de lesa patria y
son responsables las autoridades pertinentes que con gran indiferencia
e indolencia, manejan los procesos judiciales. Como un asunto
de urgencia notoria, el gobierno debe intervenir para corregir
esta anomalía, ya que el Defensor del Pueblo y las fuerzas
vivas del país no hacen lo posible para que se les haga
justicia a muchos panameños y extranjeros confinados en
las cárceles del país.
Las denuncias contra el sistema penitenciario panameño
deben ir hasta las últimas consecuencias. Hay que evitar
que queden en nada estas acusaciones, como es típico en
Panamá. Los funcionarios culpables no deben salir ilesos
de estas violaciones a los derechos humanos. Incluso la Iglesia
Católica pidió que sean investigados y la comunidad
entera demanda que haya sanciones ejemplares para los que han
violado las normas éticas y morales, así como las
disposiciones legales vigentes.
Estas acciones no deben quedar impunes y se debe destituir
por ineptos a los que propician la mora judicial.
Esperamos que esta mora judicial no sea un pretexto para justificar
la Sala Quinta en la cual están empeñados algunos
legisladores de pésima imagen pública y de una
actuación dudosa.
La comunidad panameña está vigilante del Organo
Legislativo y del Organo Judicial y no tolerará más
abusos de los que quieren imponer leyes antipopulares cuando
no les asiste la razón.
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PUNTO CRITICO |
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