El establecimiento del carácter voluntario para el pago de la cuota sindical dentro de las reformas de la "Ley 9 en 1", según el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, no fue ningún invento del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, sino el cumplimiento de una exigencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Henríquez negó afirmaciones de los grupos ambientalistas en el sentido que el estudio de impacto ambiental será un requisito que se eliminará al momento de ejecutar megaproyectos.
"El estudio de impacto ambiental no se eliminará de los proyectos mineros, sino de los proyectos que ejecute el Gobierno", señaló.
Durante el debate legislativo se enumeró el proyecto del metro y el establecimiento de bases aeronavales en Coiba como ejemplos donde el estudio de impacto ambiental no sería un requisito que paralice la ejecución del proyecto.
El ministro justificó la acción de los diputados del oficialismo de haber aprobado el proyecto en tercer debate a puertas cerradas.
"Los ambientalistas exhibían un nivel de excitación de su ánimo que sorprendía", señaló Henríquez.
Recordó que una víctima de esa excitación fue el diputado de CD, Hernán Delgado, a quien un grupo de ambientalistas no identificados le rayaron su auto cuando intentaba ingresar a la sede de la Asamblea, antes de la aprobación del tercer debate de la ley.
Henríquez dio como un hecho que la "Ley 9 en 1" será sancionada por el presidente Ricardo Martinelli, quien llegó ayer al país de su viaje a Grecia. "La ley fue discutida por el Consejo de Gabinete, por lo que el Presidente conoce su contenido", dijo.
Aprobada la ley en la Asamblea el pasado sábado, la lucha de los grupos que se oponen a la nueva legislación empiezan a reagruparse para pedir el veto (rechazo) del presidente Martinelli.
Sobre el tema ambiental, el administrador de ANAM, Javier Arias, negó que haya un relajamiento de las normas ambientales con las reformas aprobadas, ya que lo que se busca es agilizar proyectos de interés social.