El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, aseguró que en Panamá subyacen realidades sumamente injustas, en materia de derechos humanos, por lo que solicitó a las autoridades ir más allá de los discursos en los que se asumen compromisos y se adoptan declaraciones.
A juicio del Ombudsman, resulta injustificable la crítica situación que enfrenta el sistema penitenciario, la administración de justicia, el sub-registro de niños y niñas que habitan zonas indígenas y, la violencia doméstica, la desigualdad de oportunidades para las mujeres en el campo laboral, el trabajo infantil, la discriminación que sufren las personas con discapacidad, entre otras realidades.
Sobre las cárceles, el Defensor indicó que si bien ha habido algunos logros, persisten las condiciones de hacinamiento, no se ha efectuado la separación de los internos procesados y condenados, continúan las quejas por deficiente atención médica, no hay acceso al agua potable y sigue el abuso por parte de los agentes policiales, llamados a preservar el orden.
Sostiene que en los centros penitenciarios , no se cuenta con la plataforma funcional y administrativa para la ejecución de las normas aprobadas, lo que incide en la insuficiencia de programas de resocialización.
