Los antimotines de la Policía procedieron ayer al arresto de manifestantes que habían bloqueados las calles en sus jornadas de protesta contra la recién aprobada ley que aumenta la edad de jubilación.
En varias provincias se procedió a realizar detenciones. Los arrestos indican que los manifestantes deberán buscar otras opciones de protestas para evitar el cierre de calles y con ello sortear cualquier intento de las autoridades para privarlos de su libertad.
La huelga que mantienen docentes, obreros de la construcción, así como médicos y administrativos de la Caja de Seguro Social entro en su tercera semana.
La paralización no se ha hecho sentir en otros sectores productivos, pero la realidad es que los tranques de calles paralizan de hecho muchas actividades. La gente se abstiene de salir de sus hogares y oficinas; los turistas prefieren suspender cualquier visita al país hasta tanto se normalice la situación.
En ese sentido, los huelguistas trasladan los efectos de su medida a otros sectores de la economía que ya alegan que sus ventas se han reducido en algo más de 10 millones de balboas.
Pero también los propios huelguistas se desgastan. El SUNTRACS debe pagar un promedio semanal de 500 mil balboas de su fondo de huelga a los afiliados que han suspendido sus labores en la construcción. Los maestros, profesores y médicos deberán cobrar su quincena el próximo viernes. Todavía el gobierno no ha expresado si pretende pagarles ante una huelga que el propio Ministerio de Trabajo ya anticipó como ilegal.
Así las cosas, lo que se impone es el diálogo sereno. Se debe buscar un mediador que goce de la confianza de las partes. Hasta ahora, la Iglesia Católica ha jugado un papel nulo. Todos deben entender que Panamá no puede permanecer en una huelga infinita.