La procuradora separada de la Nación, Ana Matilde Gómez, recibió una justicia expedita. Dos días después que la Procuraduría de la Administración pidió su encausamiento, la petición fue acogida por la Corte Suprema de Justicia y el 7 de julio deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
Gómez será juzgada por el pleno de la Corte por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, por ordenar el 17 de agosto de 1995 grabar las conversaciones del entonces fiscal Arquímedes Sáez, en medio de una investigación por corrupción.
El magistrado suplente Wilfredo Sáenz designó a Gabriel Fernández, como defensor de oficio, para evitar una eventual posposición por la ausencia de los abogados de la Procuradora. Como fecha alterna del juicio se fijó el 14 de julio.
La vista fiscal del caso Gómez fue remitida a la Corte el 1 de junio por el procurador de la Administración encargado, Nelson Rojas. El delito de abuso de autoridad contempla penas de entre seis y 18 meses de prisión o de 25 a 75 días multas.
Rojas en la vista fiscal sostiene que "no es admisible el supuesto error o ignorancia" en el tema, porque era claro que no le estaba permitido a la Procuraduría ordenar intercepciones telefónicas, tomando en cuenta que eso estaba contemplado en las reformas constitucionales del año 2004.
Gómez alegó que se consideraba una autoridad judicial con facultad para pinchar teléfonos y resaltó que funcionarios de amplia experiencia como los entonces fiscales José Abel Almengor y Luis Martínez, le dirigieron solicitudes en ese sentido.