El presidente Martín Torrijos ha incorporado el concepto de indemnización de Retiro por Vejez para proporcionar una base de sostenimiento a aquellas personas que al 1 de enero del 2007 hayan aportado más de 180 cuotas y cuyas edades oscilen entre los 50 y los 57 años (las mujeres) y los 55 y los 62 (los hombres), con un porcentaje de pensión que varía entre el 53 y el 60 por ciento.
Este grupo humano ha llevado sobre sus espaldas las crisis políticas y los cambios estructurales en los sectores público y privado, sin poder contar con instrumentos legales que le garanticen la estabilidad de sus puestos de trabajo.
La decisión del mandatario es oportuna si analizamos que desde 1983, el país entró en una vorágine de inestabilidad, contrario a la época del proceso liderado por Omar Torrijos. Este fue el grupo de trabajadores que recibió los impactos de estos movimientos que debilitaron el sistema.
A pesar de la vuelta del régimen democrático en 1990, la situación no se transformó de manera positiva y los obstáculos se levantaron por todas partes. La administración de Guillermo Endara arremetió contra el sector estatal e inclusive se violaron leyes de estabilidad de los funcionarios, extendiéndose la onda sísmica a las empresas de capital privado, luego de la invasión militar estadounidense.
Después, asumió la administración del país el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y los despidos se incrementaron, entre otras cosas por los cambios al Código de Trabajo y las privatizaciones de las empresas de servicios públicos como el IRHE y el INTEL.
Las dos siguientes administraciones han continuado con su política de clientela política y comienzan destituyendo a sus adversarios, con muy diversas justificaciones y en esa marejada son arrastrados empleados de vieja data, que por la edad dejan de ser bienes apetecibles para el mercado laboral.
En un país donde los trabajos y oficios parecen estar destinados a edades específicas, donde la experiencia acumulada parece no tener valor específico, estos panameños, que alguna vez creyeron en las leyes y los códigos como garantía de estabilidad laboral, ven cómo la clase política continúa su manejo inclinado hacia sus prosélitos y confirman que en Panamá no existe la justicia.
Es aquí precisamente cuando se impone la presencia y vigencia de la Carrera Administrativa para eliminar la política como elemento indispensable para obtener un empleo en la esfera oficial.
A pesar de todo, la medida de Torrijos se convierte en un desahogo para este grupo de panameños, cuya lucha por la soberanía y la democracia tal vez pueda por fin ser reconocida y compensada con una pensión cuyo punto culminante no sea una humillante e indigna muerte.
También es justo reconocer que el partido Cambio Democrático había hecho una
propuesta parecida. Ahora, los jóvenes entre 20 y 40 años no verán a sus progenitores como una carga para ellos ni para la sociedad.
