El Defensor del Pueblo, Juan Tejada, aseguró que la sanción ayer por parte del Ejecutivo de la Ley de reformas a la CSS, es una decisión gubernamental que "concita apoyos y resquemores inevitables", por lo que hizo un llamado a la tolerancia y la cordura y aprender todos a vivir en democracia".
Tejada en sus primeras declaraciones sobre las reformas a la CSS y los actos de represión contra obreros y estudiantes que adversan las reformas, aseguró que a las autoridades deben esforzarse más y permitir la participación ciudadana que la Ley proclama y reclama, sin apremios ni precipitaciones.
"Las importantes decisiones que debemos tomar, no pueden estar sometidas a una carrera contra el tiempo, que en últimas termina por dejar la sensación de una escasa oportunidad para la participación de la ciudadanía", recalcó el Defensor del Pueblo.
Aseguró que esa deseable y necesaria participación ciudadana siempre deben ser cívicas, apoderada del respeto a la Ley y a las autoridades, así como también del respeto a la propiedad pública y privada, por lo que censuró y consideró inadmisible los actos vandálicos y el pillaje que se dieron aprovechando las jornadas de protestas.
"Recordemos que las autoridades nacionales están siempre llamadas a proteger el bien común, dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Así entonces, toda propuesta estatal, tiene necesariamente que estar dirigida a salvaguardar los intereses colectivos".
Tejada sostiene que el país ha de continuar además de las reformas a la CSS, abordando temas de especial interés ciudadano, como lo son las reformas a la administración de justicia, la adopción efectiva de una política pública en materia energética y sobre el futuro de la vía interoceánica.
El sacrificio que en ese sentido hoy se pide a los ciudadanos, deberá estar acompañado con una mejoría sustancial del servicio de salud que presta la CSS a cientos de miles de personas humildes que no poseen los recursos económicos para acceder a un servicio de calidad.
El Defensor sostiene que se requiere además lograr niveles de eficiencia administrativa que eviten al máximo, entre muchas otras distorsiones, que la institución sea utilizada como botín político.
