Jueves 30 de mayo de 2002

 

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  OPINION

EDITORIAL
Mordaza arnulfista

Como un Torquemada moderno, un legislador arnulfista ha presentado un proyecto de ley que busca imponer una nueva mordaza a los medios de comunicación social. Retrotrayendo el país a épocas superadas, este político con ínfulas de inquisidor quiere decidir qué deben leer, escuchar y ver los panameños en los medios de comunicación social.

En una sospechosa iniciativa, disfrazada de una aparente protección a los derechos humanos, el político de marras amenaza con multar a periódicos y televisoras que cometan la herejía de difundir imágenes y fotos de los hechos de violencia que día a día se registran en Panamá.

Las mismas convenciones Americana y Universal sobre Derechos Humanos que aduce el promotor de la nueva mordaza, consagran la libertad de expresión, que comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, oralmente, por escrito o por cualquier otro medio.

Cuándo la nación está inmersa en problemas graves como la importación de arroz con hongo y fumigado con un cancerígeno; y el gracioso regalo de 1,200 millones de balboas a una empresa portuaria, el arnulfismo saca debajo de la manga un proyecto inconsulto, que más bien busca desviar la atención de la opinión pública y buscar que los medios de comunicación se distraigan en su acción fiscalizadora.

El inoportuno e inconsulto proyecto surge mientras la Defensoría del Pueblo realiza gestiones responsables para promover una autorregulación que surja de los propios medios de comunicación social.

Este medio reconoce que no somos infalibles, cometemos errores, pero tratamos de enmendarlos y siempre estamos atentos al escrutinio y a la sugerencia de nuestro mayor juez: el lector que cada día adquiere nuestro diario. Por principios no aceptamos que se nos intente imponer legislaciones restrictivas a la labor periodística, más si esa iniciativa va acompañada de una motivación llena de insultos, en vez de fomentar un debate de altura. No dudamos que este adefesio legislativo se sumará al amplio dossier que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sobre las leyes y disposiciones legales existentes en Panamá, para limitar la libertad de prensa.

El proyecto Ameglio se suma a las leyes de desacato que permiten a las autoridades arrestar sin juicio previo a periodistas; a las disposiciones del Código Electoral que limitan la difusión de encuestas durante los días previos a una campaña electoral y a casi un centenar de demandas por calumnia e injurias interpuestas contra profesionales de la comunicación.

A lo externo ni a lo interno del país esto se observa el proyecto como una "inocente" iniciativa de un legislador oficialista, sino que se percibe como un plan bien concebido de los sectores gubernamentales para acallar o presionar a los periódicos, emisoras y televisoras. Para colmo de males, a los cómicos de la Fuerza Pública se les ocurre la genial idea de encarcelar a cinco actores de una televisora cuando filmaban una parodia sobre los operativos de la Policía Nacional. No se equivoquen los que piensan que nos pueden amedrentar los políticos de nuevo cuño, pero con pensamiento propio de la era del oscurantismo.

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