El procurador suplente Giuseppe Bonissi se encargó directamente de tomar las declaraciones a los ex legisladores perredistas Tomás Gabriel Altamirano Duque y Miguel Bush, dentro de la reapertura del caso de soborno por la aprobación del proyecto CEMIS.
Las declaraciones de Altamirano Duque son fundamentales, porque en el año 2002 -cuando estalló el escándalo- se dijo que este fue uno de los pocos legisladores del PRD que se negó a recibir un sobre de $20 mil o "mameyes", por aprobar el contrato del CEMIS, en diciembre del 2001.
Cuando estalló el escándalo, el hoy también diputado Carlos Afú declaró que le habían dicho que a Bush le habían asignado repartir una parte de los "mameyes".
Pero Miguel Bush manifestó ayer a los periodistas que no le consta eso de los "mameyes", "sería bueno que ellos -los legisladores- lo dijeran".
Bush pidió buscar la verdad, y solicitó que se investigue por este caso al ex contralor Alvin Weeden y a la ex mandataria Mireya Moscoso, debido a que el primer contrato ley que fue aprobado por el Ejecutivo le entregaba muchas prerrogativas al Consorcio San Lorenzo, empresa encargada del CEMIS.
Yo pienso que esto tiene que ver con la pasión que hubo con el nombramiento de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora. "Para mí es una novela que se abrió y se cerró en la Asamblea", alegó Bush.
Además, recordó que para esta época habían muchos préstamos en el Banco Nacional de Panamá, donde había muchas personas comprometidas con los magistrados de ese entonces. Hay que investigar cómo quedaron esos préstamos, añadió.
Para hoy se espera la comparecencia de los ex legisladores Héctor Alemán y Teresita de Arias.