EDITORIAL
Robo al techo del pobre
La denuncia del ciudadano
Ministro de Vivienda, señor Roosevelt Thayer contra funcionarios
de esa entidad y empresarios privados que en connivencia criminal afectaron
más de un millón de balboas del Programa de Apoyo Rápido
para Viviendas de Interés Social, mejor conocido con las siglas PARVIS,
pone al descubierto el campante delito peculador que domina nuestro vivir
cotidiano, a la par que reafirma la falta de sentido social, de solidaridad
y fraternidad para con los desafortunados, condenados de la tierra panameña,
en las esferas mandatorias.
Los actos delictuales descubiertos por la auditoría, de acuerdo
con las noticias publicadas en los medios, señalan la participación
en coautoría delictiva de empresarios locales, así como las
apropiaciones individuales que funcionarios encartados realizaron en los
materiales del Programa, cuyo objetivo fundamental se asienta en forjar
un mecanismo para solventar carencias urgentes de quienes requieren un techo
donde proteger sus familias; derrotero de equidad que merece respaldos y
apoyos, de la ciudadanía cívica y patriótica.
Los acomodos administrativos descubiertos, usados para producir el delito
resaltan el entendimiento indecoroso que falseaba las entregas, y las daba
por recibidas, y sobre tal falsía se ordenaba los pagos, sin cumplir
las adecuadas vigilancias y ejercer controles.
La corrupción dominante en Panamá pasa por la astucia de
construir mecanismos idóneos para eludir controles fiscales y públicos;
así como realizar los actos formales de ley para encubrir favoritismos
y compadrazgos; situación que explica por qué repetidas veces
se adicionan contratos, se revisa cláusula, se acomodan sibilinas
interpretaciones, o de tolera incumplimientos, con prórrogas indefendibles:
Estas realidades rumoreadas en corrillos políticos, voceadas en medios
de opinión, y conocidas por el ciudadano común, requieren
la acción decidida, castigadora, sin encubrimientos ni favoritismos
partidarios o personales, de quienes resulten culpables del infernal crimen
contra el pueblo sufrido y doliente.
La caída violenta de la narcodictaura norieguista permitió
instalar la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, (DRP) inserta
en el alero de la Contraloría General de la República, que
sustanció centenares de expedientes donde plasmaron los despropósitos
enriquecedores de la cúpula castrense y sus acólitos beneficiarios;
ahora, nuevamente se hace de urgencia promover la creación constitucional
del Tribunal de Cuentas panameño, dotado de la legislación
idónea que facilite recuperar los dineros del peculado, los aprovechamientos
y el ilegítimo enriquecimiento. El caso del MIVI así lo reclama...
|
|
| AYER GRAFICO |
| El Dr. Arnulfo Arias en un mitin en "La Placita" de Santiago de
Veraguas |
|
