Cuando se trata de aumentos inconsultos para enriquecer las arcas de las empresas dedicadas a la prestación de los servicios básicos, a los panameños nadie nos sorprende, ni mucho menos nos matan de sustos; si no, remitámonos al último incremento de la tarifa de energía eléctrica que se aprestan a imponer las compañías dedicadas a la comercialización de este producto, con el aval del Ente Regulador que no Regula.
Estos señores, funcionarios pagados con tus impuestos, pueblo panameño, y que más parecen empleados de las compañías eléctricas, no logran siquiera hacer creíbles los argumentos que emplean cuando se anuncia un aumento de cualquier servicio básico.
Esta vez fueron los propios legisladores, sentados precisamente en la silla de sus antecesores que negociaron los contratos millonarios para poner en manos de empresas foráneas este recurso, quienes salieron a desmentir los argumentos esgrimidos para golpear aún más la débil economía casera de los desposeídos.
El copón de la retórica antipopular lo tiene un asesor legislativo que dijo que estos contratos no se pueden revisar porque gozan de un principio de excepcionalidad, ya que son ley producto de un acuerdo entre ambas partes.
Y, ¿qué harán nuestros conciudadanos en los barrios pobres de las Mañanitas, Alcaldedíaz, Curundú y tantos otros, cuando llegue el recibo con el incremento del diez por ciento? ¿Irán al diccionario a buscar el significado de la palabra excepcionalidad para entender que ahora tendrán que reducir el presupuesto de la comida, el pasaje, la escuela de los niños y tantas otras necesidades prioritarias porque hay que pagar la luz y si no, se la cortan?
¿Quiénes han sido los responsables por tantos años de la "política energética" que no lograron prever siquiera un plan de contingencia ante el aumento del petróleo? ¿Qué hacían?
