El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo cuyo objetivo primordial es actualizar la legislación relativa a la protección de la libertad de expresión, recibió la aprobación en segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.
En su contexto, el documento propone la prohibición a los funcionarios de mando y jurisdicción, imponer sanciones pecuniarias y privativas de la libertad a quienes consideren que le falten el respeto.
