Los estudiantes que tomaron hace un mes la Universidad Central de Venezuela (UCV) siguen en el rectorado al desobedecer una orden judicial de desalojo, mientras las autoridades universitarias están reunidas en busca de una solución.
La juez de control Mónica Fernández ordenó el pasado jueves a los ocupantes de la universidad, por "mandato constitucional", abandonar el recinto e incluso autorizó el uso de la fuerza policial si no salían antes de las 22.00 hora local (02.00 GMT de hoy, viernes).
Las autoridades de la UCV se reunieron ayer con carácter extraordinario en busca de una solución al conflicto que mantienen con el grupo de ocupantes, formado por unos 60 estudiantes que reclaman cambios radicales en la institución.
Según la prensa local, todo indica que las autoridades universitarias afinan las acciones a emprender contra quienes rehusan abandonar las instalaciones de la UCV.
El vicerrector académico de la principal universidad venezolana, Ernesto González, dijo a la emisora "Unión Radio" que desean "establecer estrategias que no contemplen la violencia, pero que ejerzan la presión necesaria para lograr el desalojo".
Medios de prensa han informado de que el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, y el ministro de Educación, Héctor Navarro, participan en la reunión extraordinaria, pero todavía no está claro quiénes intervienen en ella ni dónde se celebra.
La decisión judicial del jueves desató la ira de los estudiantes, quienes tras conocerla, y en medio de una violenta revuelta, pidieron la renuncia del rector de la UCV, Giuseppe Gianneto, y anunciaron que no los sacarán del recinto "y menos con la policía", pues ello violaría la autonomía universitaria, que la prohíbe.
Los ocupantes exigen cambios internos que adecuen el funcionamiento de la UCV a la revolución que encabeza el presidente venezolano, Hugo Chávez, e iniciaron un radical cambio interno que comenzó con la toma del rectorado.
Gianneto dijo a "Unión Radio" que no renunciará, pues la ola de violencia dentro de la universidad no le va a amedrentar, y, por el contrario, anunció movilizaciones de la comunidad nacional en contra de los ocupantes de la UCV.
El rector se declaró en desacuerdo con la posición asumida por el Gobierno, y en especial con la vicepresidenta ejecutiva, Adina Bastidas, y el ministro del Interior, Luis Miquilena, quienes ignoraron la decisión judicial y descartaron totalmente el empleo de la fuerza policial para desalojar a los estudiantes.
Reiteró que las clases y las actividades administrativas están suspendidas hasta nuevo aviso.
Antenoche, el fiscal general se presentó en la UCV y anunció que, a pesar de que intentará buscar el entendimiento entre las partes enfrentadas, apelará la resolución de la juez Fernández por considerar que la solución del conflicto no es de carácter judicial.
Ayer se suscitaron reyertas y discusiones acaloradas, en paralelo a fuegos artificiales y bombas lacrimógenas, mientras se desarrollaban actos vandálicos que dejaron a un estudiante herido.
El recurso de amparo solicitado por las autoridades universitarias que encabeza el rector Gianneto pretendía que se declarase ilegal la ocupación, para así poder proceder al desalojo con los organismos de seguridad universitarios. |