El magistrado José Abel Almengor puso a disposición del Ejecutivo su cargo. Agobiado por los ataques de sectores de la sociedad civil y las denuncias que en su contra se presentaron en la Asamblea Nacional de Diputados, su imagen como integrante de la Corte Suprema de Justicia y su entorno personal, estaban afectados.
Más que la permanencia o no de Almengor, el problema de la justicia es más profundo, porque en cada administración se produce un escándalo en las esferas del máximo tribunal del país.
Lo hubo durante la administración de Pérez Balladares que llevó al enjuiciamiento de un magistrado; luego durante el gobierno de Mireya Moscoso se produjo una cuestionada ratificación de dos integrantes de la Corte y en la gestión de Martín Torrijos, un integrante de la corporación judicial insinuó que sus colegas recibieron dinero por archivar un proceso por contrabando de 3, 000 fusiles de guerra para irregulares colombianos.
Ya hay archivos completos con los diagnósticos sobre los problemas de la justicia, pero no se adoptan las medidas correctivas. Cada gobierno -y no sólo el actual- designa en la Corte a copartidarios o allegados, que muchas veces no saben separar su antigua condición de sus nuevas funciones.
Los funcionarios judiciales, la sociedad, los auxiliares de la justicia y las partidos políticos, también juegan un papel para tratar de buscar alternativas a favor de una justicia efectiva, objetiva e independiente, pero abordando la crisis de manera objetiva y no escogiendo una esquina de mero opositor en vez de aportar soluciones. ¡Con Almengor o sin Almengor, la crisis en la justicia persiste!