El Juzgado Noveno de Panamá inició ayer la audiencia previa contra el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas investigadas por presunto lavado de dinero. Es un hecho histórico para la justicia panameña, porque pocas veces se lleva al banquillo a un ex Presidente de la República.
Lo que se impone es que la justicia funcione y que la decisión de abrir o no causa penal contra los investigados se haga en base a las pruebas existentes y no fundamentado en presiones políticas ya sea del gobierno del turno o de la oposición.
Los cargos son serios. Se le atribuye a compañías a las que está ligado el ex mandatario el haber recibido fuertes sumas de dinero de una operadora de máquinas tragamonedas que recibió una concesión durante su gestión. La defensa de éste alega que no se incurrió en delitos y tilda la acción del Ministerio Público como una persecución.
Frente a ese panorama, corresponde a la justicia cumplir su rol y valorar objetivamente los argumentos, pruebas y alegatos de las partes, para adoptar una decisión conforme al Estado de derecho.
La justicia es una de las bases de toda democracia. Cuando se adopten decisiones imparciales sin temor a las presiones de nadie y meramente tomando en consideración las pruebas, estaremos en el camino correcto para fortalecer las instituciones del país.