El presidente colombiano Alvaro Uribe avaló una petición de la Fiscalía General para tomar declaraciones a jefes paramilitares concentrados en una zona especial del norte del país por el reciente asesinato de un congresista, dijo el gobierno.
"Nadie en Colombia puede obstruir la justicia ni puede negarse a colaborar con la justicia" aseguró Uribe al revelar que instantes previos el fiscal General, Luis Camilo Osorio, pidió su aval para ingresar a la aldea de Santafé de Ralito, sede de unos diálogos de paz con los paramilitares y sitio de reclusión de sus principales jefes.
"Aquí hay un proceso de paz pero aquí lo fundamental es la Política de Seguridad que no puede, no puede pisar terrenos de impunidad", añadió Uribe.
Durante un acto que se realizó en la ciudad de Manizales (280 km al oeste de Bogotá), Uribe pidió a las autoridades judiciales establecer la responsabilidad en el caso del asesinato del congresista Oscar González, ocurrido en esa ciudad el pasado 18 de marzo.
Ese día, González -representante a la Cámara- fue baleado por tres hombres que llegaron a la sede de la agrupación política, en Manizales, mientras que otra persona que lo acompañaba resultó gravemente herida y falleció luego en un hospital de esa ciudad.
Aunque las autoridades aseguraron tener versiones sobre la autoría del hecho por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el jefe político de éstas últimas, 'Ernesto Báez' negó el hecho.
