Advierten sobre posible colapso judicial
tras fin de justicia "sin rostro"
Bogotá
AP
En caso de carecer de una
ley de transición podría producirse un colapso judicial el
30 de junio, cuando expira la vigencia aquí de la denominada justicia
"sin rostro'', advirtió el fiscal general Alfonso Gómez.
Si las normas de la justicia sin rostro "se levantan abruptamente,
muchos delincuentes van a salir de prisión por vencimiento de términos
(judiciales). Si no se hace una ley de transición y el gobierno no
la impulsa y la lidera, vamos a tener un colapso el 30 de junio'', dijo
Gómez entrevistado por la revista Cambio, cuya más reciente
edición circuló este jueves.
"Yo no me he cansado de hacer advertencias sobre los problemas que
va a causarle al país la eliminación de un sistema tan importante,
sin tomar las previsiones del caso. Esto es un verdadero problema de estado'',
agregó.
Las declaraciones de Gómez se suman a la de destacados penalistas
y ex ministros de justicia alertando que en caso de no aprobarse una nueva
ley se podrían presentar casos de que detenidos por esa justicia
sin rostro quedaran en libertad. Las liberaciones se producirían
porque los lapsos procesales o para enjuiciar a una persona en la justicia
sin rostro son el doble de los de la justicia ordinaria y por lo tanto al
expirar el sistema el 30 de junio también expirarían esos
plazos para el proceso y emitir una condena.
A fines del año pasado fueron presentados al congreso por el llamado
Consejo Superior de Política Criminal, que integran varias instancias
entre ellos la Fiscalía , dos proyectos de ley para adoptar una legislación
de transición y reemplazo de la justicia sin rostro.
Ese sistema fue creado por decreto en 1988 debido a la ola terrorista
desatada por Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín muerto
por la policía en 1993, contra magistrados y funcionarios de la justicia
que actuaran contra el negocio del tráfico de drogas.
Debido a que en ese entonces las autoridades pensaron que tal situación
de violencia desaparecería en una década, las autoridades
fijaron el desmonte para el 30 de junio de 1999 de ese sistema de reserva
de identidad de jueces y fiscales, que sólo pueden actuar en casos
de delincuencia organizada como narcoterrorismo y subversión, entre
otros.
De acuerdo con Tribunal Nacional, máxima instancia de los jueces
sin rostro, en el país trabajan 58 jueces bajo identidad de reserva
y manejan más de 12.000 procesos. Miembros del Tribunal Nacional
han indicado que aparte de los riesgos que podrían correr sus miembros
una vez se desmonte el sistema de reserva, aún se desconoce que sucederá
con tal volumen de expedientes.
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