La operación de compra total del Corredor Sur y parcial del Corredor Norte por parte del Estado panameño en 700 millones de dólares registra opiniones encontradas entre los que respaldan la decisión y sus críticos.
La realidad revelada tras la auditoría ordenada por el gobierno puso el descubierto, entre otras cosas, un manejo algo desordenado en las operaciones de PYCSA y el gran negocio en el campo de bienes y raíces por parte de ICA Panamá.
A la vez se puso al descubierto la inocencia, por no decir otra cosa, de los funcionarios panameños que negociaron esos contratos, en los que permitieron tasas de descuentos de los ingresos, que prácticamente hacían impagables ambas carreteras en los 30 años establecidos para las dos concesiones.
En el caso de la empresa administradora del Corredor Norte y de la autopista Panamá-Chilibre, fue evidente el rosario de incumplimiento y la falta de carácter de los gobiernos para frenar esas situaciones.
PYCSA, después de recibir cerca de 161 millones de dólares en peajes, alega tener una pérdida de 200 millones de dólares, lo que al amparo del actual contrato, sólo podría revertir el Corredor Norte en el año 2093 y tras una sangría de peajes a los panameños por casi 3,000 millones de dólares.
Así las cosas, al menos la transacción permitirá detener ese flujo de dinero casi infinito hacia ambas empresas mexicanas, ingresos que en cambio podrán engrosar a las arcas del Fondo Fiduciario y de la Caja de Seguro Social, que financiarán la operación de compra.
En el campo del Seguro Social, el gobierno también debe entender que no se puede poner la carreta delante de los bueyes. El Ejecutivo no puede anunciar transacciones sin antes contar con la aprobación de la directiva de la CSS. Al final será superado ese desliz, pero no se puede estar metiendo la pata a cada momento.