Recientemente hemos escuchado con estupor los resultados de las posibles reformas al anteproyecto de ley que remueve de su cargo al actual director de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), después de que el pleno de la Asamblea Nacional devolviera a primer debate la propuesta que busca establecer que el director de la institución dure cinco años.
Nos sorprende sobremanera la medida y cómo los medios de comunicación dieron a conocer la intromisión de funcionarios de la Presidencia de la República, que han solicitado al mandatario Ricardo Martinelli que mantenga en el cargo a este director.
La iniciativa para establecer que este puesto fuera concurrente con el del Presidente fue presentado por Agustín Sellhorn, suplente de Marylín Vallarino, evidenciando una posición sesuda, legal y coherente que debió ser aprovechada para analizar, sopesar y meditar sobre la terna de aspirantes al cargo, que permitiera a los discapacitados calificados, (que sí los hay), competir, visibilizarse y protagonizar su papel como activo de una sociedad que gratifica el esfuerzo, sacrificio y valía.
Nos llena de pesar cómo el Gobierno, los "cosificadores" de la discapacidad y ahora los funcionarios de Presidencia patentizan su respaldo político hacia un colaborador para que continúe presidiendo la entidad, pues el tema de discapacidad es más amplio, debe ser analizado como política de Estado que involucre en única instancia a sus actores principales: los discapacitados; que son sujeto y objeto de este tejemaneje que han protagonizado los "cosificadores" junto con diputados y funcionarios de presidencia que se han abrogado derechos con el único fin de favorecer a funcionarios que debieron renunciar.
