La elección de Liborio García Correa como nuevo Defensor del Pueblo ha extraído de las viejas crónicas un asunto de poca discusión en los medios de comunicación, como lo es la violación de los derechos humanos en las corregidurías y los juzgados nocturnos.
Al ser hecho público el escogimiento de García Correa, algunos de los demás competidores han manifestado su disconformidad y han utilizado diversos recursos para demostrarlo. Estas motivaciones no existieron durante el proceso de consulta ya que es posible que imaginaran que si un partido logra acceder al gobierno, los puestos deben ser para sus seguidores.
Volviendo al asunto de las corregidurías (el suscrito fue el primer corregidor de Bella Vista) debemos decir que allí nos enfrentamos a problemas de la comunidad, entre ellos la violencia doméstica y en no pocas ocasiones debimos ser mediadores para superar acres disputas, crecientes enemistades, no sólo en el plano familiar, sino también en el personal o de negocios.
Si el problema persistía o su gravedad así lo justificaba, era trasladado a otras instancias donde pudiera ser aplicada la ley.
Por todo lo anterior y por la experiencia vivida, un asunto de violencia intrafamiliar, podría representar un solo momento de descontrol, un instante de pérdida de sintonía y no un hecho frecuente, por tanto no creemos que en el caso de Liborio García, esto pueda ser motivo de objeción para desempeñarse en el cargo para el cual ha sido recientemente escogido por la Asamblea Nacional. De considerarse lo contrario, se imagina el amable lector cuántos funcionarios serían descalificados para ejercer sus cargos.
Lo que ahora le toca vivir a García Correa podría servirle de fundamento para desmantelar las estructuras antes mencionadas, donde los ciudadanos de los barrios son hostilizados y explotados, además de ser sometidos a todo tipo de arbitrariedades.
El nuevo Defensor del Pueblo vive en carne propia lo difícil que es demostrar la honestidad de sus palabras, situación común en las cárceles y en nuestro sistema judicial, que detiene a las personas sin la debida presunción de inocencia y sin las garantías de un justo proceso. Además, un sistema donde los fiscales son investigadores y acusadores promueve el hacinamiento de las cárceles.
Para el nuevo defensor de los derechos humanos, se hace necesario contar con los recursos para poder consolidar la institución de la que se hace cargo, necesaria para las grandes mayorías de desposeídos e indefensos. Debe demostrar que es la voluntad y la convicción lo que define una buena labor y no la posibilidad de haber cometido un hecho censurable.
La elección de la Asamblea nos libró de muchos aspirantes que no demostraron la madurez para ejercer las delicadas funciones de Defensor del Pueblo. Ahora le toca a García Correa preservar los derechos de los ciudadanos, violados en las corregidurías y los juzgados nocturnos y aliviar la pesada carga ocasionada por la mora judicial en los centros penitenciarios.
