La revisión periódica del salario mínimo de los trabajadores del país, tiene que ser visto no sólo como una recuperación del poder adquisitivo para los grupos con menor capacidad de consumo, sino, una forma de alcanzar una equidad decente.
El presidente Martín Torrijos reiteró su lucha contra la pobreza, el pasado septiembre en las Naciones Unidas y en enero, cuando planteó la necesidad de una reforma fiscal, para eliminar las desigualdades de ingresos existentes.
Un 40 por ciento de la población está en pobreza y las familias de mayor nivel de ingreso, perciben 40 veces más que las más pobres. Por eso el presidente confesó en marzo, durante la instalación de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que las 800 mil familias que aún viven en pobreza extrema, es uno de los elementos negativos de su gestión.
Combatir la desigualdad es muy importante, ya que explica en parte, la misma pobreza. Técnicos aseguran que la medición de la pobreza, ha tendido a desvincular la mala distribución, del fenómeno de la precariedad socioeconómica. En todo caso, se trata de un largo proceso, donde juegan un papel determinante la falta de herramientas redistributivas, el mejoramiento de la educación, la creación de empresas que generen empleos decentes y el fortalecimiento del sistema de protección social.
Análisis internacionales, aseguran que existe una elevada volatilidad en parte de la población trabajadora, ya que están expuestos a sufrir cambios significativos en sus niveles de ingresos. Se trata de un patrón ocupacional inestable derivado de cambios en el mercado laboral, pasando de desocupados, a ocupados o viceversa, en períodos demasiados cortos.