El gobierno lanzó una delicada acusación: el Ente Regulador de los Servicios Públicos y las empresas del sector eléctrico manipulaban el mercado energético, en perjuicio de los usuarios panameños.
En pocas palabras, la institución que debía controlar la actividad, actuaba más bien a favor de las empresas. Desde un principio se cuestionó que el funcionamiento del Ente Regulador fuera financiado con parte de los ingresos de las empresas; mientras más ganaban las compañías, era mejor para la entidad, porque mayor sería su presupuesto.
Se hace necesario investigar profundamente esta situación y determinar la suma que pagaron por años los usuarios debido a esa manipulación en el mercado y devolvérsela a los panameños.
De igual forma llama a sospechas el porqué las compañías generadoras hasta ahora no han divulgado sus estados financieras. Las distribuidoras suministraron sus cifras, pero hasta ahora no hay forma de que las empresas que se llevan el mayor monto de la factura de la energía eléctrica, revelen sus ingresos y gastos.
El gobierno es socio en esas compañías y debería ser el primero en exigir la divulgación de esas cifras.
Ahora también se anuncia el peligro de un posible desabastecimiento de energía eléctrica, lo que resulta preocupante, tomando en cuenta que cuando se privatizó el IRHE, se nos vendió la idea de que era una medida para evitar que el país quedara a oscuras, debido a las limitaciones para generar energía. Hoy se nos anuncia que se requiere una inversión anual de 100 millones de dólares para atender la futura demanda y evitar desabastecimiento. Lo que se requiere ahora es lograr nuevas inversiones en el sector, pero buscando siempre que los usuarios tengan acceso a una energía a precios justos y no establecidos en base a manipulaciones del mercado.