Sobreseído único caso
de tortura por el que Pinochet podría ser extraditado
Chile
AP
La justicia militar chilena
cerró en 1990 el único caso de tortura y muerte por el cual
el general Augusto Pinochet podría ser extraditado a España
de acuerdo con la resolución en Londres de los lores de la ley británicos.
Pinochet continúa detenido en Londres luego que los lores el miércoles
dictaminaron que no tiene inmunidad a partir de noviembre de 1988 cuando
comenzó a regir el convenio internacional contra la tortura.
La sentencia de los Lores consignó que sólo uno de los
casos presentados en la solicitud de extradición a España
está vigente. La mayoría de los otros cargos presentados por
el juez español Baltasar Garzón, entre 1973 y 1988, ocurrieron
antes de la vigencia de la convención sobre la tortura.
Al cerrar el caso en 1990, la justicia militar chilena consideró
que no había méritos para procesar y condenar a los policías
a los cuales se culpó de la muerte por torturas del estudiante Marco
Quezada Yáñez, de 18 años, el 24 de junio de 1989.
La versión policial sostuvo que Quezada se habría ahorcado
en su celda el cuartel policial de Curacautín, a unos 620 kilómetros
al sur de esta capital.
En una declaración divulgada ayer por la jefatura policial de
la zona se reiteró que el joven, detenido por presunto robo, murió
por suicidio por ahorcamiento. Y sostuvo que el proceso judicial y la investigación
interna no determinaron ``responsabilidad penal o administrativa'' del personal
policial.
Pero el informe de la autopsia determinó que Quezada falleció
posiblemente por un shock provocado por aplicaciones de electricidad. Sus
familiares denunciaron que habría sido sometido a intensas torturas
que le causaron la muerte.
El informe de la comisión investigadora de las violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet consignó
en 1991 que Quezada murió a ``consecuencia de las torturas aplicadas
por su captores'' policiales.
Juristas y organismos de derechos humanos se preparan para entregar nuevos
antecedentes de torturas y muertes registrados tras la fecha tope de 1988,
cuando comenzó a regir un tratado contra la tortura, establecida
en la sentencia el miércoles por los lores en Londres.
El canciller José Miguel Insulza, sin embargo, rechazó
la posibilidad de agregar nuevos casos y que de hacerlo el juez español
Baltasar Garzón debería incluirlos en otra solicitud de extradición
de Pinochet.
El gobierno está sometido ahora a demandas de los militares y
los dirigentes políticos de derecha para aumentar la presión
sobre el secretario del Interior británico, Jack Straw, quien deberá
pronunciarse nuevamente la próxima semana si da pase al juicio de
extradición o lo rechaza.
Los militares expresarán su opinión esta tarde durante
una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el que los jefes
militares y de la policía están representados en la misma
cantidad que las autoridades civiles encabezadas por el presidente Eduardo
Frei.
Los jefes castrenses no han comentado públicamente la resolución
de los lores, pero al ministro de Defensa, José Florencio Guzmán,
dijo a los periodistas que los militares le manifestaron su inconformidad
con el fallo.
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