El Gobierno dominicano analiza la posibilidad de someter a la justicia a la dotación policial que operaba en la cárcel del municipio de Higüey (este), donde el 7 de marzo pasado murieron 135 reclusos producto de un incendio originado por una pelea entre los reclusos.
La información fue emitida por el vicepresidente Rafael Alburquerque el viernes por la noche, en el Palacio Nacional, cuando leyó el informe de la comisión investigadora encabezada por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
La comisión sugirió suspender y arrestar a todo el personal policial que estaba en funciones en la cárcel, y además solicitó 15 días adicionales para arribar a conclusiones.
Los investigadores establecen en el informe la posibilidad de someter a la justicia por el cargo de homicidio a los agentes actuantes.