La fecha clave es hoy. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se alista a evaluar si las denuncias presentadas por Enrique Montenegro y Florencio Barba Hart son lo suficientemente sólidas como para abrir una investigación en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Está por verse si en realidad existe aún responsabilidad moral para reorientar el rumbo del país y limpiar la basura que carcome nuestra razón de ser como nación democrática.
En manos de los llamados Padres de la Patria reposa la madurez para hacer lo que el pueblo pide a gritos: Juzgar a la justicia. La tarea no es fácil. Hay serios intereses de parte y parte que podrían dar a entender que el globo pudiera desinflarse antes de tomar altura, pues, por un lado, la Corte Suprema de Justicia tiene dentro del sartén algo hirviendo llamado CEMIS que aún no se ha cocinado. Todos saben que alguien apagó la estufa para guardar esa comida por un tiempo, hasta que la sociedad civil salió a exigir la reapertura del caso.
Por el otro lado, ahora los legisladores les corresponde iniciar una investigación y/o un juicio contra los magistrados de la Corte. La pregunta que se cae de su peso es ¿Se investigarán unos a otros? ¿Qué moral tiene un órgano del Estado que ha sido señalado de corrupción para abrir una indagatoria contra otro igual de corrupto?
Nadie cree con ver presos a altos funcionarios, tal como ocurre en otros países donde hasta el presidente de la República se le priva de libertad por delinquir (Caso Costa Rica y Nicaragua), pero aún abrigan su esperanza en que al menos alguien se enfrente al sistema y haga caer los pilares que mantienen en pie a la cadena de corrupción que ya ha enfermado, al menos en denuncias, a dos órganos de la República de Panamá, la nación que un día soñó con una democracia sana.
Hoy se sabrá si estamos dispuestos a cambiar nuestro futuro.