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Pinochet se somete a nuevos exámenes en Hospital Militar
Agencias
Internacionales
El ex dictador chileno Augusto Pinochet salió por primera vez de su residencia la tarde del miércoles, en el quinto día de su regreso a Chile tras casi 17 meses de detención en Londres, informó la estación de televisión de la Universidad Católica. Pinochet se trasladó desde su domicilio de La Dehesa al Hospital Militar de Santiago, en un automóvil escoltado por otros vehículos, según la televisión. El ex gobernante de facto entre 1973 y 1990 permaneció durante una hora en el centro asistencial, donde fue sometido a un chequeo médico para luego ser dado de alta. Fuentes de la familia Pinochet aseguraron que esta era una "visita programada" y que por lo tanto no revestía ningún carácter de urgente. Según canal 13, habría sido sometido a un examen cerebral, practicado con un escaner. A la espera de un comunicado del Hospital Militar, Radio Cooperativa indicó que el general de 84 años fue sometido a exámenes de odontología y de visión, reiterándose el chequeo previo efectuado el viernes, cuando volvió a Chile luego de que el gobierno británico lo liberara por razones humanitarias. La nueva visita del general Pinochet al centro asistencial sorprendió a los medios de comunicación en momentos que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos consideraba como "una buena señal" para hacer justicia la participación del Estado de Chile en las querellas criminales contra el ex dictador. El martes, el Consejo de Defensa del Estado, organismo autónomo que representa los intereses del Estado en contiendas judiciales, decidió "hacerse parte" de las demandas locales contra el ex presidente, que hasta ahora suman 72. De esta manera, este organismo se "apersonará" en el proceso caratulado como "Caravana de la muerte", un escuadrón castrense que en octubre de 1973 recorrió varias provincias del país y ejecutó sumariamente a más de 70 presos políticos. El caso judicial lo lleva actualmente el juez especial Juan Guzmán Tapia, quien acumula 72 querellas contra el general. El Consejo, integrado por 12 juristas nominados por el Presidente de la República, apeló para su participación en el caso a un reglamento que lo liga a la persecución penal de "hechos que puedan originar grave daño social". "Más vale tarde que nunca", comentó Silvia Muñoz, dirigente de la Agrupación, evocando la antigua postura del Consejo de mantenerse al margen de las imputaciones contra el general por las violaciones a los derechos humanos bajo su gestión. El lunes, el juez Guzmán pidió formalmente la anulación del fuero parlamentario que lo protege hasta ahora. Guzmán dijo que en las indagatorias del caso de "la caravana de la muerte" surgieron antecedentes que involucran a Pinochet. El jefe de dicho escuadrón, el general retirado Sergio Arellano Stark, se defendió diciendo que obedecía órdenes superiores y uno de los testigos en la causa, el general retirado Lagos, afirmó que el cabecilla de la "caravana" portaba un documento firmado por Pinochet, que ordenaba "acelerar" los juicios de los presos. Arellano Stark fue declarado reo en el proceso y está bajo arresto en su domicilio, a la espera de una sentencia. El interrogatorio de Pinochet en el proceso, tras el eventual desafuero, acelerará el desenlace, según los abogados acusadores. Las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos destacaron que la intervención del Consejo de Defensa del Estado como parte en los procesos garantizaría cualquier "destrabamiento" de los trámites, si la defensa de Pinochet opta por prolongarlos. La participación del Consejo "es importante", dijo el juez Guzmán este miércoles, reafirmando que los hechos alejarán los temores de que los tribunales chilenos no actúen.
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