La Asamblea Nacional de Diputados decidió suspender las sesiones extraordinarias convocadas para reformar el Código Penal, con el fin de retomar el debate en marzo, cuando se instale sus sesiones ordinarias.
La presión de los periodistas que objetaban cuatro artículos, fue determinante para esa decisión. Si bien es cierto que las materias cuestionadas en el proyecto ya existen en el actual Código Penal, salvo que se aumentan las penas, ahora estamos frente a una sociedad que reclama mayores libertades.
Parece inconcebible que existan sanciones para los periodistas que divulguen documentos confidenciales o privados, aunque le sean dirigidos al propio medio de comunicación.
De esa forma, en Panamá nunca se habría conocido el texto del acuerdo que Panamá negociaba con Estados Unidos para establecer el Centro Multinacional Antidrogas, ni noticias referentes a las negociaciones que se hacen en el sector privado para la fusión u operaciones de compra-venta, que casi siempre constan en sus inicios de una cláusula de confidencialidad.
No se entiende cómo un gobierno que prometía transparencia, con su mayoría en la Asamblea promueva acciones que van en detrimento de sus compromisos de campaña.
El rechazo de los periodistas es el más conocido, pero hasta el Ministerio Público ha objetado algunas de las reformas, que constituyen una especie de "camarón" para favorecer a determinados procesados. Siempre hay un vivo, que piensa que los demás somos tontos.
Lo más correcto es divulgar el contenido completo de ese proyecto, para que la población conozca lo que se discute y haga sus observaciones. Luego, se debe devolver el documento a segundo debate para acoger las sugerencias.
No se puede alegar que dicho proyecto ha sido discutido durante 17 meses, cuando la mayoría de la población desconoce el documento. A lo mejor, el tema sólo se debatió entre abogados, pero la realidad es que las leyes se aplican a todos y no sólo a un grupito de juristas y diputados.