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EDITORIAL
Canal y política
Preocupante es la situación que ha generado la polémica entre la jefa del Ejecutivo y un dirigente de la oposición panameña. En el calor de la polémica se han lanzado de lado y lado expresiones que enturbian el panorama político y económico del país.
Para nadie es un secreto la percepción negativa que ha provocado en los mercados internacionales la decisión no explicada anticipadamente de consolidar los resultados financieros de la Autoridad del Canal de Panamá con los del sector público.
La preocupación del asunto no es que se utilizaran las reservas del Canal para cubrir gastos del gobierno, porque esa situación nunca se produjo. El meollo del problema, es que los resultados positivos de las operaciones canaleras, pudieron servir para reducir un déficit mayor del 2% del PIB, en la esfera del sector público.
Panamá a mediados de año tendrá que definir la mejor alternativa para modernizar el Canal. Por ley, el Estado no puede otorgar su aval a un proyecto de tal magnitud, lo que destaca la importancia con la que se deben proyectar y manejar las finanzas de la vía acuática.
Frente a los hechos es normal que un opositor se preocupe por las operaciones financieras relativas al Canal y no está bien que el gobierno lo acuse, sin divulgar mayores pruebas, de atentar contra la economía nacional.
Para la época de la dictadura militar, los castrenses ordenaban la detención de cualquier periodista que advertía dificultades económicas en el Banco Nacional. Luego de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, se descubrió la verdad: el gobierno tenía un sobregiro de casi 1,000 millones de dólares con esa entidad
Una cosa es averiguar y advertir sobre alguna irregularidad en el manejo financiero relativo al Canal de Panamá y otra cosa es fabricar situaciones para afectar aún más la maltrecha economía del país. En el caso que nos ocupa hasta ahora el gobierno no ha presentado pruebas de sus acusaciones.
Pero al mismo tiempo, la oposición debe comprender que las advertencias de enjuiciamiento de mandatarios espantan a cualquiera y asustan a los pocos inversionistas que aún se atreven a poner un real en Panamá.
Si hay alguna prueba para promover un juicio contra los que detentan el poder, que se presente la respectiva denuncia ante el órgano competente que es la Asamblea Legislativa, pero no especulemos con asuntos tan sensitivos.
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PUNTO CRITICO |
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