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En 1998, cuando cursábamos el último año de estudios en la Universidad de Panamá, el profesor de la cátedra "Derecho Ecológico y de Minas" nos asignó una investigación concerniente a la contaminación del aire en Panamá, por lo que acudimos al Instituto Especializado de Análisis, ubicado en nuestra primera casa de estudios, donde se nos indicó que los niveles que se habían registrado a través de unas torres de monitoreo colocadas en algunos puntos de la ciudad eran superiores a los permitidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Para sorpresa nuestra, en Panamá circulaban en aquel entonces alrededor de 340 mil vehículos en todo el territorio nacional, cifra que en una década se ha duplicado, ya que en la actualidad hay más de 630 mil vehículos que lanzan a la atmósfera las ya conocidas emisiones contaminantes.
Desde aquel momento, nos percatamos de los "GRANDES APORTES QUE HACE PANAMÁ A LA CONTAMINACIÓN MUNDIAL". Como si fuera poco, luego se emprendieron varios proyectos destructivos del ambiente como "el famoso CEMIS" en la provincia de Colón (C-3), en el que se sepultaron varios kilómetros de manglares y biodiversidad en el área de Coco Solo. Así, años más tarde terminaron de sepultar los manglares restantes del área conocida como los "Cuatro Altos", donde operan una gran cantidad de monstruosas bodegas de Zona Libre y un centro comercial, que nos atrevemos a asegurar que en pocos años quedaran bajo el agua.
Ahora nos encontramos frente a otra gran hazaña ambiental, y es que se pretende aportar otro granito a la destrucción del ecosistema: "La minería a cielo abierto", que en otras latitudes ha causado desastres ecológicos irreversibles; y que en el caso de nuestro país, nos atrevemos a asegurar que las consecuencias serían devastadoras sobre todo por el tema de las cuencas hidrográficas que abastecen al país de agua, incluso para la operación del Canal de Panamá, cuyas aguas se vierten al mar con todos los peligros que ello implica.
