El Ministerio Público ha vuelto a sus ataques a los periodistas. Una columna de opinión ha provocado que el procurador José Antonio Sossa, interponga una querella por calumnia e injuria contra el fundador del diario La Prensa, Roberto Eisenmann, hoy presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
En una democracia, los funcionarios no deben tener una epidermis tan sensible ante las opiniones de la ciudadanía. El servidor público está expuesto al escrutinio permanente y debe entender que recibir críticas -incluso las inmerecidas- forman parte del ejercicio de su labor.
No se puede estar interponiendo a cada momento denuncias o querellas contra fulano o mengano, porque se cuestionó la labor del Ministerio Público.
Caso contrario a la actitud que adopta el Ministerio Público, se observa entre los magistrados del Tribunal Electoral. Estos han expresado públicamente que no responderán a los ataques que se les formulen durante la presente campaña.
A estos funcionarios un candidato presidencial hasta puso en duda su virilidad, bajo el argumento de que aceptan las presiones del Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Electoral entiende que en medio de una campaña, suben las pasiones y se dicen cosas que en otro momento ni siquiera se escucharían. Ellos entienden que hay que ser tolerantes.
En varias ocasiones, la Procuraduría ha manifestado que los anima el perseguir a los comunicadores y que de las tantas querellas por calumnia interpuestas en las Fiscalías, pocas son contra los periodistas.
Sin embargo, por los hechos los conoceréis. Hoy, el jefe del Ministerio Público ha vuelto por sus fueros y hasta impedimento de salida ha expedido contra el fundador de un diario colega. ¿Entonces de qué hablamos Sossa?