El legislador arnulfista Marco González pidió al Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, que investigue una serie de supuestas irregularidades cometidas por algunas financieras en contra del gremio transportista.
A juicio del parlamentario, algunos "bancos y financieras han venido abusando" de la situación económica por la que atraviesan los transportistas.
A los trabajadores del volante se les "secuestran sus bienes de manera ilegal en complicidad con algunos funcionarios del Ministerio Público", precisó González, quien estaba acompañado por el abogado Emidio Manzané y dirigentes del transporte, ayer en la Procuraduría General de la Nación.
En otras anomalías figuran "la reposesión ilegal de vehículos al margen de instrucción judicial, sin mediar secuestro o medida cautelar, mucho menos inventario y demás requerimientos mínimos necesarios para salvaguardar los derechos del deudor", precisó.
Aclaró que el Banco Nacional de Panamá "ha certificado que los transportistas están pagando sus compromisos" financieros adquiridos con esa institución bancaria.
"Aquí un carro que cuesta cinco a diez mil dólares lo están vendiendo hasta en treinta mil dólares, agarran varias personas y se lo venden" a otros individuos y los demandan por la misma cuantía, denunció el parlamentario.
"Esa es una acción ilegal que están cometiendo contra los transportistas", expresó el legislador.
González denunció que se venden carros a terceras personas, "sin mediar conocimiento del deudor original ni de las autoridades judiciales".
Las financieras especulan sobre deudas "que se mantienen incólumenes con el pasar de los años, a pesar de que durante este período dos o más personas trabajan y rinden cuentas por el vehículo y certificado de operación cautelados".
