El diputado Abraham Martínez consideró que los consumidores están en total estado de indefensión, razón por la cual propuso ante el pleno de la Asamblea Nacional devolver a la vida la antigua Oficina de Regulación de Precios (ORP), como mecanismo legal para proteger los intereses de los compradores ante un mercado salvaje y especulador.
La ORP estaría facultada para multar y sancionar a los comercios que especulen con los precios de los artículos de la canasta básica y artículos de consumo masivo.
El anteproyecto también establece que la Oficina tendrá como competencia dictaminar precios en los hidrocarburos y derivados, electricidad y bienes básicos de servicios públicos, inclusive los servicios que prestan las instituciones de educación privada, transporte exclusivo y privado de estudiantes y otros bienes y servicios básicos que así lo determine una Junta Técnica.
En la segunda mitad de la década de los 90, Panamá entró a formar parte de los países que optaron por liberar sus economías con el fin de entrar en el libre mercado mundial, situación que obligó a los administradores del Estado a cerrar la ORP.
En su exposición de motivos, Martínez manifestó que el libre mercado trajo consigo la especulación y el acaparamiento de la mayoría de los productos que son de utilidad y consumo básico para los panameños.
