No entiendo por qué la hipocresía de no querer admitir la realidad del origen de los problemas de la P.T.J. Vivimos en un país de naturaleza autoritaria, en donde el centro del Poder quiere tener el control y la subordinación irrestricta de todo ente deliberante, si ese objetivo no está a su alcance, entonces el castigo es la utilización de métodos como el sabotaje, en lo económico, en lo estructural y la correspondiente dosis de propaganda pública denigrante y ofensiva hasta convertir a la entidad adversa en una organización carente de iniciativas y de acciones efectivas para el logro de sus fines.
Es por ello que la respuesta "mágica" a los problemas de la PTJ, es simple. Que sus dignatarios sean escogidos "oficialmente" por el Órgano Ejecutivo, a partir de la instauración de cada gobierno de turno, en el quinquenio correspondiente a su gestión. De esta forma quizás no mejoraremos su capacidad profesional, mucho menos su integridad y ética profesional, pero por lo menos se logrará una especie de estabilidad institucional de la cual lamentablemente este organismo nunca ha disfrutado.
Tenemos desgraciadamente que aceptarlo, no tenemos la madurez como sociedad ni como país de herrumbrar las instituciones públicas, principalmente las de seguridad, por caminos de calidad profesional y no comprometidos a los gobiernos de turno. No hace falta ser experto para saber qué ha de ocurrir inmediatamente se nombre un nuevo Director para esta institución. De manera mágica y casi instantánea todos los ataques a su ineficiencia, corrupción, insubordinación, mal manejo desaparecerán, ya no escucharemos a funcionarios de cualquier nivel, emitir comentarios contra la institución, de manera bíblica desaparecerán todos sus problemas, cualquier crítica ciudadana será repetida o atacada como un intento de afectar la "institucionalidad". Eso sí, al producirse, el natural cambio político de cinco años, volveremos a escuchar de los mismos sectores las mismas críticas, los mismos ataques; en esta espiral ridícula de politiquería teatral a la que somos sometidos de manera ininterrumpida en Panamá.
