La primera fase para la adecuación y ejecución de las reformas al Código Penal y Procesal Penal en las estructuras del Órgano Judicial, podría ascender extraoficialmente a unos B/.6 millones.
Esta fue la cifra que, según la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Esmeralda de Troitiño, se comentaría a lo interno del sistema de justicia como fondos básicos para dar cumplimiento a las modificaciones de ambos códigos que se discuten en la Comisión de Gobierno de la Asamblea.
A título personal, la funcionaria se abstuvo de contabilizar el costo que representaría para el Estado asumir los cambios propuestos originalmente por la Comisión de Estado por la Justicia.
Troitiño representó a sus colegas dentro del proceso de consultas para reformar ambos códigos. La magistrada propuso una "implementación escalonada" de las reformas como método de garantía para un cumplimiento sin traumas administrativos.
La magistrada inició su participación con un llamado a todas las autoridades encargadas de administrar justicia para que se lleve a cabo la transformación del actual sistema.
El nuevo modelo, a su juicio, debe consolidar un pacto nacional para mejorar la justicia como pilar de la administración de derecho.
"La Sociedad quiere una justicia más humanitaria y con derechos igualitarios para las personas. La realidad es que el sistema actual no es cónsono con la realidad, basta ver las cárceles llenas", dijo.
Troitiño consideró urgente y necesario impartir justicia a tiempo para ricos y pobres, para poderosos y para humildes.