El viernes 20 de diciembre de 2002, el entonces candidato presidencial Martín Torrijos, se comprometió públicamente a rectificar la Ley de Reformas Tributarias, presentada y lograda su aprobación por el gobierno de Mireya Moscoso. Los medios en esa ocasión felicitaban al candidato Torrijos, por el compromiso electoral que adquiría.
Ese compromiso, según la transcripción de esa declaración decía lo siguiente: "estaremos rectificando el error que se ha cometido con el pueblo panameño que, a partir del próximo año, tendrá que pagar de su bolsillo 118 millones de balboas en una reforma que no simplifica el sistema, sino que mantiene un grupo de privilegiados en este país, y que recarga el peso de la tributación en el sector construcción, porque se le ha quitado el beneficio a las viviendas de interés social".
Mayor claridad en estas palabras, no requiere ninguna otra interpretación.
Se trata, como decía un medio de comunicación, de un compromiso plasmado públicamente por el candidato presidencial de una alianza política, cuyo compromiso será el revisar las reformas para corregir las distorsiones que estas reformas tributarias van a introducir en la economía nacional.
En ese entonces los conductores de esta alianza PRD, Partido Popular, apostando probablemente que los pueblos olvidan, especialmente el panameño, señalaban lo inconveniente que es para un gobernante no consensuar adecuadamente decisiones de Estado, como las Reformas Tributarias de ese entonces, por lo cual se exponían a sufrir eminentes reformas y derogaciones. Lo expuesto en ese entonces por el candidato Martín Torrijos y lo que dice ahora, nos lleva a reflexionar el doble discurso de esa clase de políticos, los cuales en campaña dicen una cosa y después como gobierno hacen otra.
En esa ocasión el compromiso de revisar las reformas por el candidato Torrijos, tenían como principal objetivo, evitar que el peso de la tributación cayera sobre la clase media y a los más necesitados, mientras que ahora el discurso cambia y esa misma clase media, es tildada de evasores, o en el mejor lenguaje, delincuentes.
Todos nos preguntamos qué hace a un gobierno, a sólo cuatro meses de haberse iniciado, llevarlo a renegar de la palabra empeñada. Por qué no lograr un adecuado consenso entre las partes, para así en un ambiente positivo, presentar las reglas de juicio con la debida seguridad jurídica.
¿Por qué ese secretismo hasta el último momento? Por ejemplo en el deporte lo primero que se hace al iniciar un juego es señalar cuáles son las reglas, cuándo se comete una falta y cuándo se premia a los jugadores.
En este Proyecto de Reformas Fiscales, se olvidó lo dicho, anteriormente, y así vemos como dice el ministro "Catín" Vásquez, "consenso no es derecho a veto", y agregamos nosotros, la única regla que impera en este juego, todo indica será la imposición.
