El inicio de los trabajos del canal en 1882, a cargo de los franceses, fomentó en las ciudades de Panamá y Colón la construcción de numerosas casas de alquiler para albergar a los trabajadores canaleros, sobre todo a los extranjeros provenientes de las Antillas y América Central, suceso que originó la aparición de un poderoso e influyente grupo de propietarios de casas.
Los arrendatarios obtenían pocas ganancias por los precios altos de los alquileres y bajo costo de construcción, a lo que añade la ausencia de leyes proteccionistas a favor de los inquilinos, situación que permaneció y aún después de la construcción e inauguración del canal por los norteamericanos en 1914.
A principios de la década del veinte, la condición de los arrendatarios, agrupados en las casas situadas en los barrios del Chorrillo, Marañón, San Miguel, Calidonia, El Granillo, Santa Ana, y Malambo en Panamá, se hacía insostenible, al igual que en la ciudad de Colón. Esto debido a la indiferencia del gobierno, la política expoliadora de los caseros y la ausencia de una legislación que reglamentara los contratos de arrendamientos, ya que las escasas normas del Código Civil sobre la materia, favorecían los intereses de los propietarios.
LA LEY 29
Según el historiador Carlos Manuel, la situación se hizo más gravosa para los locatarios con la expedición de la Ley 29 que aumentaba el impuesto sobre los bienes inmuebles, dado que los caseros lo asimilaron, pero trasladando dicho aumento al importe de los alquileres, con lo cual el problema inquilinario hizo crisis.
Indica que ante la acción de los arrendadores, los inquilinos decidieron organizarse para la defensa de sus intereses, iniciativa que se concretó en la llamada Liga de Inquilinos y Subsistencias. Esta fue organizada a fines de 1924; y pese a la innumerables peticiones para la rebaja del canon de arrendamiento y solicitud a las autoridades para suspender los lanzamientos, no se produjo ningún cambio.
Destaca que lo anterior obligó a los dirigentes del movimiento a decretar, el 1 de octubre de 1925, una huelga de no pago de los alquileres y a la movilización popular con el fin de lograr la intervención estatal y buscar una solución que pusiera fin a los abusos de los propietarios de bienes raíces.
LA ACCION DEL GOBIERNO
La respuesta del Gobierno a las justas peticiones de la Liga fue la represión del movimiento hasta llegar a los sucesos del 12 de octubre de 1925, cuando el Presidente Rodolfo Chiari solicitó la intervención del ejército norteamericano para sofocar las protestas populares, acción que dejó un saldo de varios muertos y numerosos heridos.
Sin embargo, en 1932 la cuestión inquilinaria volvió a hacer crisis, porque en ese año Panamá vivía los efectos del colapso económico mundial originado en 1929.
Manuel expresa que a mediados de 1932, dada la grave situación económica, la escasez de trabajo, el pago atrasado de los salarios y ante la imposibilidad de pagar el alto precio de los alquileres, el pueblo panameño renovó su protesta contra la clase propietaria, la cual se concretó en otra huelga de no pago de los alquileres, dirigida por la Liga de Inquilinos y Subsistencias.
Pese a esta situación, las autoridades nuevamente reprimieron a los inquilinos y el gobierno de turno llegó a suspender las garantías individuales y procedió al arresto de los dirigentes.
CUAL FUE LA SOLUCION
Esta vez el problema fue llevado a la Asamblea Nacional, donde el diputado Demetrio A. Porras se convirtió en el adalid de los locatarios.
Luego de prolongados debates se promulgó la Ley inquilinaria del 15 de noviembre de 1932 con carácter temporal, que aunque no era la solución anhelada por los miembros de la Liga, ese estatuto legal significó un triunfo, porque gracias a la presión de los inquilinos, el gobierno de turno se vio obligado a dictar, por primera vez, una legislación de tipo intervencionista con respecto a los contratos de arrendamientos en las ciudades de Panamá y Colón.